Andrés Puentes (Colombia) Autores

Democracia colombiana, ¿un barco que se hunde?

A raíz de los últimos resultados electorales en Colombia, tanto los del plebiscito refrendatorio de los Acuerdos de la Habana (con un 62% de abstencionismo) como los de las elecciones presidenciales de 2010 y 2014 (en los que el candidato electo no representa a la colectividad ciudadana que lo eligió, como se evidencia en sus bajos niveles de popularidad, tal cual se supone debería hacerlo de acuerdo a los libros de texto de los más de un académico), vuelve a surgir la duda sobre si ha fallado o no el sistema democrático en Colombia.

De acuerdo con una investigación publicada en el 2015 por la revista The Economist, Colombia se ubica en el puesto 62 (entre 167 países) en el ranking de las democracias del mundo, encontrado dentro de la categoría de Fawled Democracies (o en español, democracias fallidas). Destacando (para mal) con su bajísimo nivel de participación electoral y la precaria cultura política entre los habitantes de la nación.

Si bien una democracia no se constituye únicamente con la participación electoral de todos sus ciudadanos, sino además por altas garantías de seguridad a los aspirantes políticos y activa participación popular en las demás manifestaciones del ejercicio democrático, (como sucede en Estados Unidos «donde los niveles de participación electoral son bajos desde siempre, pues difícilmente superan el 50%). Sin embargo, tal como históricamente han observado autores como Tocqueville (2009) o Putnam (1993), la democracia americana goza de «buena salud» debido a que un alto pocentaje de la población participa de múltiples espacios públicos y cívicos para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. En ese sentido, y contrario a la evidencia mayoritaria, en Estados Unidos se registran bajos niveles de votación, pero altos niveles de participación no electoral” (CEDAE. 2013))  aquí no se da ni lo uno ni lo otro.

Y ello no constituye todo el problema: así todos los capacitados para votar ejercieran su derecho y deber ciudadano (A. 258. Constitución Política), el panorama no sería muy diferente. Quizás a los pocos meses de electo un presidente o senador sucedería lo mismo que hoy acaece: pierden toda legitimidad popular a raíz de que su programa de gobierno (o de ejercicio político, en los demás casos) no representa el anhelo de la población, que los eligieron basados en las emociones y la maleabilidad que tanto ha caracterizado a las masas, y por la cual también tanto se ha criticado la democracia.

Además, a pesar de la existencia de un considerablemente positivo nivel de pluralismo al momento de la realización de las elecciones (The Economyst. 2015), que supondría altos niveles de participación ciudadana dentro de un marco democrático (CEDAE. 2013), no se da debido a la preponderante presencia de grupos armados al margen de la ley, conflictos sociales, dificultades para llegar a las urnas, pero por sobre todo, la falta de garantías y oportunidades para que los grupos minoritarios (que sumados entre sí, constituyen mayoría) puedan ser representados ante los máximos niveles decisorios en las diferentes instancias nacionales y regionales.

Esto ha desencadenado en una, hoy por hoy, arraigada apatía política por parte de los diferentes sectores sociales de la población: la gente ya no acude a las urnas para el ejercicio de su derecho, tampoco recurre a las instancias estatales para la solución de sus conflictos (López. 2014), ni a los diferentes cargos de representación popular para la obtención de garantías y derechos que, por su condición de persona, les son suyos.

Tal fenómeno viene de la mano con la falta de un proyecto nacional, que una a todos los colombianos y los encamine a un objetivo común y los haga soñar más allá de las metas personales que cada uno tiene. (Serrano. 2016).

Son muy pocos quienes realmente se preocupan por la consecución de un objetivo grupal. Los intereses particulares priman sobre los colectivos, y en el ejercicio de las diferentes actividades del diario vivir (ya fuera del ámbito político) cada quien lucha por su victoria y la de su familia, sin perjuicio de que esto pueda llegar a transgredir el ordenamiento jurídico y/o los derechos de los demás, los dos límites de toda acción humana.

¿Es entonces fallido el sistema democrático en Colombia? ¿Tienen razón los tantos autores –pesimistas- que aseguran nuestro Estado no está hecho para funcionar? Queremos creer que no.

En diferentes países (incluyendo latinoamericanos) se han implementado diversos mecanismos que incentivan (y obligan) a los ciudadanos a participar en los ejercicios de elección popular, tal y como lo es el voto obligatorio. Suscita la duda sobre si es constitucionalmente posible el establecimiento de esta medida dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pero debemos estar seguros de que esta iniciativa no va a solucionar el problema de la fawlled democracy de raíz.

Es necesario que, nosotros, miembros de la academia, tanto estudiantes como docentes e investigadores, salgamos de nuestro enfermizo hermetismo que tanto nos ha caracterizado. Tenemos que entender de una vez por todas que, tal y como lo han hecho unos pocos, las problemáticas sociales no se solucionan ni se entienden mediante la escritura o lectura de un libro. Tenemos que ir de cara al meollo y buscar actuar en donde el Estado (por negligencia o malicia de sus representantes) no ha podido hacerlo.

¿Es funcional la democracia en Colombia? Quizás no lo es en ningún estado contemporáneo (con contadas excepciones), pero por lo menos es el sistema que más garantías les otorga a sus ciudadanos para el adecuado ejercicio de sus derechos y deberes. Tenemos pues, que mirar cómo hacer para que de una vez por todas, este barco no se hunda.

Por: Andrés Puentes (Colombia)

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BIBLIOGRAFÍA

  • Enrique Serrano. ¿Por qué fracasa Colombia? (2016). Editorial Planeta.
  • Claudia López. Adiós a las FARC ¿y ahora qué? (2016). Editorial Debate.

Imagen tomada de: http://guillermocracia.blogspot.com.co/2014/05/democracia-y-mala-clase.html

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